El 20 de mayo la Comisión Europea dio a conocer las Recomendaciones Específicas por País, entre ellas las dirigidas a España, tras haber evaluado los Programas Nacionales de Reforma y de Estabilidad, remitidos por los Estados miembros a finales de abril.

Centradas en abordar los enormes efectos de la pandemia, la Comisión Europea recueda el fuerte deterioro de la economía europea en 2020, con una contracción estimada del PIB de la Zona Euro en un 7,5, que BusinessEurope, en su reciente “Economic Outlook”, eleva hasta el 7,9%.

En esta ocasión, es más importante la parte expositiva que las recomendaciones en sí, dado que es en la primera donde se subrayan las debilidades de la economía española, algunas de carácter estructural, y cómo afrontarlas.

Desde una perspectiva empresarial, cabe destacar las siguientes:

1. Aprovechamiento de los Fondos Estructurales, cuyo requisito de co-financiación ha sido eliminado. En este sentido, es importante evitar el riesgo de disparidad socioeconómca entre Comunidades Autónomas.
2. Eliminar, tan pronto como sea posible, las medidas excepcionales urgentes que impiden el funcionamiento normal del mercado único.
3. Aplicación plena de las medidas de liquidez de las empresas, seguidas de una reorientación de las políticas fiscales para preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
4. Adoptar medidas de apoyo al empleo tomadas tras consultar a los interlocutores sociales, como por ejemplo la eliminación gradual de los ERTEs o la flexibilzación de las condiciones laborales. El éxito de estas medidas, adivierte la Comisión, dependerá en gran medida de que se invierta el tiempo necesario para alcanzar un consenso político y social amplio y duradero.
5. Tener en cuenta que el gasto en prestaciones sociales sigue muy orientado hacia las personas de más edad.
6. Apoyar a las empresas de los sectores más perjudicados y la salvaguardar la competitividad de las empresas exportadoras.
7. Alentar la inversión pública anticipando proyectos que ya estén suficientemente maduros y promover la inversión privada a través de reformas pertinentes. En cuanto a las prioriades de inversión, han de ir en línea con las marcadas en las estrategias digital y de transición energética a escala europea.
8. Intensificar la coordinación entre los diferentes niveles de la Administración.